La aspirante que encabeza la lista de LLA en Río Negro vuelve a estar en el centro de la polémica: fue condenada y estuvo presa tras ser detenida en el aeropuerto de Sarasota, Florida, con drogas y 50.000 dólares sin justificar. Además, figura en una causa por estafas piramidales y robo de boletas en la provincia. Pese a esto, hoy busca representar a los rionegrinos en el Congreso.

Sin embargo, ese no fue el único episodio que alimentó la controversia. En el plano local, Villaverde fue mencionada en una investigación por presuntas estafas piramidales vinculadas a una red de inversores defraudados en la Patagonia, además de figurar en denuncias por robo de boletas electorales y afiliaciones truchas durante procesos internos de su propio espacio político.

Pese a este prontuario, la candidata libertaria mantiene su postulación al Senado y busca representar a Río Negro en el Congreso. Desde distintos sectores de la oposición provincial y organizaciones civiles se pidió su inhabilitación, amparados en la Ley de Ficha Limpia, que impide ocupar cargos públicos a personas condenadas por delitos dolosos.

El caso no solo reabre el debate sobre los criterios de selección de candidatos en La Libertad Avanza, sino también sobre la falta de participación de las bases provinciales en las decisiones nacionales. La imposición de su candidatura desde Buenos Aires, sin consenso local, desató malestar entre militantes libertarios rionegrinos, quienes cuestionan que los intereses partidarios del centro del país se impongan sobre la representación de la provincia.

En los últimos días, el caso Villaverde generó un fuerte impacto mediático, reavivando las críticas por la incongruencia entre el discurso moralizador del espacio y la situación judicial de algunos de sus candidatos. A pesar de las presiones internas y los reclamos públicos, Villaverde se mantiene firme en su campaña, mientras el partido intenta contener el daño político ante una controversia que amenaza con extenderse en plena recta final hacia las elecciones.