La diputada libertaria vuelve a quedar bajo la lupa por episodios que la relacionan con el narcotráfico, entre ellos, dos detenciones por posesión de drogas en Estados Unidos y su vínculo con Fred Machado. En este contexto, los apoderados del PJ solicitaron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que no se habilite la llegada de la representante electa por Río Negro.

Uno de los elementos que más ruido generó fue su relación con Federico “Fred” Machado, empresario de proyección internacional hoy investigado por narcotráfico y lavado de dinero en tribunales norteamericanos. Aunque la diputada no enfrenta imputaciones directas en la Argentina, su proximidad con Machado se convirtió en una suerte de bisagra: para algunos, una coincidencia desafortunada; para otros, un indicio suficiente para activar mecanismos de control en el Parlamento. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, ese vínculo fue expuesto como un factor de alarma que no puede desestimarse en el análisis de su futura banca.

Las detenciones registradas en territorio estadounidense también fueron puestas sobre la mesa. Si bien datan de varios años atrás, los apoderados del PJ provincial argumentaron que estos antecedentes, combinados con la conexión con Machado, conforman un cuadro que exige prudencia institucional. La oposición sostiene que permitir la asunción de Villaverde sin revisar a fondo esa información colocaría al Senado frente a un riesgo reputacional que, una vez consumado, sería difícil de revertir. Por eso impulsan que su llegada al recinto quede suspendida hasta tanto se despejen todas las dudas.

Desde el oficialismo libertario la defensa fue tajante. Legisladores afines remarcaron que las detenciones en Estados Unidos no derivaron en procesos penales vigentes y que la diputada atravesó el proceso electoral de manera regular, sin objeciones judiciales que cuestionaran la validez de su postulación. Consideran que la ofensiva del PJ es una maniobra política diseñada para debilitar a la fuerza que llega al poder, y advierten que abrir esta puerta podría habilitar futuros vetos basados en interpretaciones subjetivas más que en pruebas concretas.

Mientras la discusión avanza, la Comisión de Asuntos Constitucionales se convirtió en el escenario donde convergen presiones nacionales y tensiones provinciales. Cada exposición, cada carpeta y cada testimonio parecen formar parte de un rompecabezas que todavía no encaja del todo. Lo que sí está claro es que la decisión que tomen los senadores tendrá resonancia más allá de la asunción de una sola legisladora: marcará un precedente sobre la vara ética exigida a los representantes y sobre hasta dónde puede llegar el control institucional sin chocar con la voluntad de las urnas.

En este clima espeso, marcado por dudas que se expanden como tinta en agua, el futuro de Villaverde permanece en suspenso. El Senado deberá decidir si habilita o bloquea su ingreso, mientras la opinión pública observa cómo la política intenta equilibrarse entre legalidad, legitimidad y un delicado territorio donde las sospechas pesan casi tanto como las certezas.