El Partido Justicialista de Río Negro presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado la solicitud para que no se la habilite a ocupar su puesto el próximo 10 de diciembre. El pedido destaca su pasado criminal como argumento central: en 2002 fue detenida en Estados Unidos por posesión de drogas y más recientemente se la ha vinculado con Fred Machado. Estas razones configuran las “inhabilidades morales, éticas y constitucionales” que le impedirían ocupar un lugar en la Cámara alta. 

El documento elevado ante la Comisión de Asuntos Constitucionales apunta al corazón de la discusión: los antecedentes de Villaverde no son meras controversias partidarias, sino hechos registrados en expedientes oficiales. La detención en Estados Unidos en 2002 por posesión de drogas —una marca que nunca terminó de borrarse del todo— volvió a cobrar fuerza. Aunque no haya derivado en un proceso penal que siga vigente, se convirtió en un dato insoslayable para quienes sostienen que la Cámara alta debe resguardar su integridad institucional con un estándar más alto que el estrictamente legal.

A esa historia se suma su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, hoy investigado en tribunales norteamericanos por narcotráfico y lavado de dinero. Esa conexión, que aparece documentada en múltiples actuaciones judiciales y periodísticas, es considerada por el PJ como un factor agravante que ubica a Villaverde dentro de un círculo riesgoso para el prestigio del Senado. Los apoderados del partido sostienen que no se trata de sospechas difusas sino de datos concretos que, en conjunto, delinean un patrón incompatible con el ejercicio de una banca.

La defensa libertaria insiste en que el pedido opositor es un intento de “desconocer la voluntad popular” y recalca que Villaverde no enfrenta causas activas en la Argentina. Los referentes del espacio argumentan que ningún tribunal del país la considera penalmente responsable de delito alguno y que impedir su asunción sería un precedente institucional inestable, donde una mayoría circunstancial podría bloquear a un legislador electo sin sentencia ni imputación formal. Esa postura será el eje del contraataque cuando el expediente avance hacia el recinto.

En paralelo, dentro del Senado la discusión comenzó a expandirse como un eco que atraviesa bloques y alianzas. Algunos legisladores temen que permitir el ingreso de Villaverde sin revisar a fondo sus antecedentes podría erosionar la credibilidad de la Cámara en un momento de fuerte sensibilidad pública. Otros advierten que vetar su llegada abriría una puerta peligrosa para el sistema democrático. Lo cierto es que, a pocos días del recambio parlamentario, el desenlace sigue colgando de un hilo que combina tensiones políticas, responsabilidades institucionales y la incómoda persistencia de un pasado que regresa justo cuando más duele.